Ciudad de México.— La defensa de Gerardo Fernández Noroña a Rubén Rocha Moya abrió un nuevo frente de polémica, luego de que el senador asegurara que no se ha presentado “una sola prueba” contra el exgobernador de Sinaloa, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El comentario encendió críticas porque una de las evidencias que ha circulado en torno al caso es una presunta “narconómina” escrita a mano, donde se habrían registrado pagos y sobornos a funcionarios. Diversos reportes señalan que la acusación estadounidense habla de apoyos políticos, protección institucional y pagos periódicos a cambio de permitir la operación del grupo criminal en Sinaloa.

La postura de Noroña fue interpretada por sus críticos como si pretendiera que las estructuras criminales dejaran pruebas con formalidad administrativa: facturas fiscales, nóminas timbradas, recibos oficiales o registros ante el Infonavit, cuando por su propia naturaleza los pagos ilegales suelen manejarse fuera de cualquier sistema legal.

La polémica de fondo no es solo si la lista escrita a mano basta o no como prueba plena, sino si desde la política mexicana se pretende descalificar cualquier indicio que no venga envuelto en papelería oficial, como si el crimen organizado operara con recibos, sellos fiscales y comprobantes patronales.