El partido que construyó buena parte de su fuerza pública sobre la promesa de combatir los abusos del viejo sistema enfrenta ahora una crisis de credibilidad. Los casos recientes, las licencias políticas y las acusaciones contra figuras cercanas al poder exhiben un desgaste que ya no puede atribuirse solamente a ataques externos.

Morena atraviesa uno de sus momentos más incómodos en términos de imagen pública. El partido que durante años levantó la bandera de la honestidad y la transformación enfrenta hoy un escenario distinto: señalamientos graves contra cuadros propios, licencias de funcionarios bajo presión y una narrativa de defensa que, para amplios sectores ciudadanos, empieza a sonar más a protección interna que a rendición de cuentas.

El caso más reciente es el de Sinaloa. Rubén Rocha Moya, gobernador emanado de Morena, solicitó licencia temporal luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos en una acusación relacionada con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En el mismo contexto, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también pidió separarse temporalmente del cargo. La acusación estadounidense involucra a Rocha y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, aunque las autoridades mexicanas han señalado que pedirán más pruebas antes de proceder.

Más allá del terreno legal, el impacto político es evidente. Dos licencias casi simultáneas en Sinaloa no representan un simple movimiento administrativo; exhiben una crisis interna en un estado gobernado por Morena y colocan al partido frente a una pregunta incómoda: ¿aplicará el mismo estándar de exigencia contra sus propios cuadros que el que suele exigir a sus adversarios?

El daño ya está hecho. Morena enfrenta desprestigio porque la crisis golpea directamente uno de sus principales activos: el discurso moral. Cuando un partido se presenta como distinto, la aparición de casos de presunta corrupción, protección política o vínculos indebidos no solo afecta a los señalados; afecta a toda la marca partidista.

El desgaste no se limita a Sinaloa. El caso Segalmex, considerado uno de los escándalos de corrupción más graves del sexenio anterior, también ha sido utilizado como ejemplo del contraste entre el discurso anticorrupción y la realidad administrativa. Organizaciones periodísticas han documentado presuntas redes de empresas fachada y asignaciones millonarias relacionadas con programas alimentarios, lo que mantiene abierta la percepción de que la corrupción no desapareció, sino que cambió de manos, de formas y de beneficiarios.

El problema para Morena es que ya no basta con culpar al pasado. Después de varios años en el poder, los casos que surgen dentro de sus propios gobiernos, dependencias y estructuras políticas empiezan a ser evaluados como responsabilidad directa. La ciudadanía ya no observa a Morena solamente como oposición crítica, sino como partido gobernante obligado a responder por sus decisiones, nombramientos y omisiones.