La Fiscalía General de la República volvió a quedar en el centro de la polémica luego de rechazar, por ahora, solicitar la detención provisional de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El caso no es menor. Entre los señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de figuras políticas, mandos de seguridad y exfuncionarios estatales y municipales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusa de delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, dentro de una presunta red de protección institucional al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la respuesta de la FGR fue frenar la vía inmediata. La institución sostuvo que no existe evidencia suficiente para justificar la urgencia de una detención provisional, por lo que pedirá a las autoridades estadounidenses más pruebas, documentos, argumentos e información que permitan analizar el caso conforme a la legislación mexicana.

La postura encendió las críticas porque el expediente estadounidense no habla de señalamientos menores. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados presuntamente habrían protegido a líderes criminales, filtrado información sensible, facilitado operaciones de seguridad al servicio del crimen y permitido que estructuras vinculadas al Cártel operaran con impunidad. Incluso, la acusación señala que algunos mandos habrían recibido pagos mensuales y que uno de los implicados estaría relacionado con el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.

Por ahora, el caso deja una pregunta incómoda: ¿la Fiscalía está defendiendo el debido proceso o está ganando tiempo para proteger a personajes políticamente sensibles?