La acusación formal presentada en Nueva York señala que el gobernador de Sinaloa habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para llegar al poder; a cambio, presuntamente prometió permitir que la facción criminal operara con impunidad.

La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió un nuevo escándalo político y criminal en México. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el mandatario no solo habría tenido vínculos con el Cártel de Sinaloa, sino que Los Chapitos presuntamente lo habrían ayudado a ganar la elección de 2021 mediante actos de intimidación contra rivales y presión sobre el proceso electoral.

El señalamiento más delicado es que Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes de la facción de Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, cuando se encontraba en campaña por la gubernatura. Según la acusación, en esos encuentros se habría negociado apoyo electoral del grupo criminal a cambio de protección una vez que llegara al poder.

El expediente sostiene que el apoyo del cártel no habría sido simbólico. Estados Unidos acusa que integrantes del grupo criminal habrían usado violencia e intimidación para favorecer la campaña de Rocha Moya. Entre los hechos más graves señalados están el presunto secuestro de opositores, la presión contra rivales políticos, el robo de urnas y la orden a ciudadanos para votar por el entonces candidato morenista.

La acusación también apunta a una supuesta red de funcionarios que habrían facilitado la operación. Uno de los señalados, Enrique Díaz Vega, habría entregado al cártel nombres y direcciones de opositores de Rocha Moya para que fueran presionados y obligados a retirarse de la contienda, según el documento citado por La Jornada.

tro punto explosivo es que, ya como gobernador electo, Rocha Moya habría acudido a una nueva reunión con Los Chapitos acompañado por Enrique Inzunza Cázarez, hoy senador y exsecretario de Gobierno de Sinaloa. En ese encuentro, según la acusación reportada por Aristegui Noticias, se habría consolidado el acuerdo para entregar control operativo y protección a la facción criminal dentro del estado.

El Departamento de Justicia afirma que los funcionarios acusados abusaron de sus cargos para proteger a líderes del cártel, filtrar información sensible de seguridad y permitir el traslado de drogas hacia Estados Unidos. En el caso de Rocha Moya, la acusación sostiene que, tras ganar la gubernatura, habría permitido que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.

Rocha Moya rechazó los señalamientos y afirmó que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento”. También calificó la acusación como un ataque político y una agresión a la soberanía nacional. Por ahora, los cargos son acusaciones formales y los señalados mantienen presunción de inocencia hasta que un tribunal determine responsabilidades.

El caso deja una pregunta de alto impacto: si la acusación de Estados Unidos se sostiene, Sinaloa no solo habría sido infiltrado por el narco; el narco habría intervenido directamente para colocar aliados en el poder.