La gobernadora de Chihuahua cuestionó que quienes impulsaron si comparecencia por el caso del narcolaboratorio ahora aparezcan involucrados en una acusación formal de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La polémica por el operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua tomó un nuevo giro político luego de que la gobernadora Maru Campos lanzara una frase directa contra quienes, desde el Senado, promovieron su comparecencia por la presencia de agentes estadounidenses en el caso: “quienes me invitaron a comparecer están en la lista roja de Estados Unidos, hay que ver quién es quién”, declaró la mandataria estatal, de acuerdo con medios locales.

El señalamiento ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes acusa de delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. La acusación sostiene que habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, presuntamente a cambio de apoyo político y sobornos.

El contraste político encendió el debate: mientras a Maru Campos se le cuestionó por un operativo que derivó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, ahora uno de los perfiles que exigía sanciones y explicaciones aparece entre los acusados por Estados Unidos de presuntamente colaborar con una organización criminal. De acuerdo con reportes locales, Inzunza criticó la creación de una unidad especial en Chihuahua para investigar los hechos de El Pinal y advirtió posibles responsabilidades contra funcionarias estatales y contra la propia gobernadora.

La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿se trataba realmente de una defensa de la soberanía nacional o de una presión política contra un gobierno estatal que golpeó una estructura criminal? La narrativa de “violación a la soberanía” fue utilizada para exigir explicaciones a Chihuahua por la presencia de agentes extranjeros, pero el nuevo expediente abierto en Estados Unidos coloca bajo sospecha a figuras políticas que, según la acusación estadounidense, habrían protegido intereses del Cártel de Sinaloa.

Hasta ahora, los señalados por Estados Unidos han negado las acusaciones y el Gobierno de México ha dicho que revisará la información presentada, al señalar que no se han entregado pruebas suficientes para proceder conforme al tratado de extradición. Por ello, legalmente se mantiene la presunción de inocencia; sin embargo, políticamente el golpe es profundo: quienes pedían cuentas por combatir un narcolaboratorio ahora enfrentan señalamientos mucho más graves desde una corte estadounidense.

El caso abre un nuevo frente en la discusión nacional: Chihuahua fue puesto bajo lupa por un operativo contra el crimen organizado, mientras Sinaloa enfrenta una acusación formal que apunta a una presunta red de protección institucional al narcotráfico. En ese contexto, la frase de Maru Campos no solo fue una respuesta política, sino un mensaje directo: antes de juzgar a quien combate al narco, habría que revisar quiénes están siendo señalados por presuntamente protegerlo.