Mientras a Chihuahua se le cuestionó por un operativo contra un narcolaboratorio con presencia de agentes estadounidenses, el caso Sinaloa involucra una acusación formal de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La polémica nacional subió de tono luego de que en el debate público se planteara una pregunta incómoda: ¿por qué parece pesar más el caso Chihuahua que el expediente de Sinaloa?

El señalamiento surge porque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue llamada al Senado para explicar la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, un caso que el Gobierno federal relacionó con posibles irregularidades por la presencia de personal extranjero sin autorización federal.

Sin embargo, al mismo tiempo, el caso de Sinaloa escaló a otro nivel: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones criminales, proteger a líderes del grupo y permitir el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Lo más explosivo de la acusación es que Estados Unidos sostiene que Rocha Moya habría recibido apoyo de Los Chapitos durante la elección de 2021, mediante intimidación a rivales políticos y presión electoral, a cambio de protección una vez en el gobierno. Rocha ha negado los señalamientos y mantiene presunción de inocencia.

El contraste alimenta la crítica: en Chihuahua, el centro de la discusión fue la participación extranjera en una acción contra un narcolaboratorio; en Sinaloa, la acusación apunta a una presunta red de protección política al narcotráfico desde el poder estatal. Aun así, el Gobierno federal ha pedido pruebas claras a Estados Unidos y ha señalado que, sin elementos contundentes, la acusación podría tener un objetivo político.

Por ahora, ambos casos siguen bajo investigación. Pero políticamente, la comparación ya prendió fuego: ¿se castiga más a quien combate al narco que a quienes son señalados de haberlo protegido?