Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones por la participación de autoridades de Chihuahua con agencias de Estados Unidos en un operativo contra narcolaboratorios, el caso de Rubén Rocha Moya abrió otro frente político: el gobernador de Sinaloa fue acusado formalmente en EU por presuntos delitos de narcotráfico y armas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura insistente sobre el caso Chihuahua, luego de que se revelara la participación de agentes estadounidenses en un operativo relacionado con narcolaboratorios en la entidad. En ese tema, la mandataria federal cuestionó directamente al Gobierno estatal encabezado por Maru Campos y afirmó que debía aclararse quién autorizó la colaboración con autoridades extranjeras. De acuerdo con reportes nacionales, incluso señaló que intentó comunicarse con la gobernadora para pedir explicaciones.

El contraste político surgió cuando, días después, Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios actuales y anteriores, por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. El Departamento de Justicia estadounidense informó que la acusación fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y señaló a los implicados por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Mientras en el caso Chihuahua la Presidencia exigió explicaciones públicas y puso bajo la lupa la actuación del gobierno estatal, en el caso Sinaloa la respuesta federal ha sido más reservada. La Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes para proceder conforme al Tratado de Extradición y envió el asunto a la Fiscalía General de la República para su revisión.

La diferencia en el tono encendió críticas de opositores y analistas: por un lado, se reclama con fuerza al gobierno de Chihuahua por una colaboración con agencias estadounidenses que terminó bajo investigación; por el otro, se pide cautela ante una acusación penal internacional contra un gobernador emanado de Morena. Incluso, partidos de oposición han pedido la renuncia de Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa, mientras Morena ha insistido en que deben presentarse pruebas y respetarse el debido proceso.

El tema también se volvió más delicado porque Rocha Moya rechazó los señalamientos y dijo confiar en el respaldo político de la presidenta. Según reportes recientes, el gobernador aseguró que habló con Sheinbaum y que se mantiene tranquilo frente a las acusaciones.

Hasta ahora, el caso permanece en el terreno judicial y diplomático. Las acusaciones contra Rocha Moya no representan una sentencia, pero sí abren una crisis política mayor para Morena y para el Gobierno federal. El punto que más ruido genera es el doble rasero que señalan críticos: exigencia inmediata para Chihuahua y cautela institucional cuando el señalado es un gobernador aliado.