El gobernador de Sinaloa fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas; mientras crecía la presión política, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su conferencia sin permitir cuestionamientos sobre el caso.

La política mexicana amaneció sacudida luego de que autoridades de Estados Unidos presentaran cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios actuales y anteriores, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación fue presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se señala a Rocha Moya y a otros implicados por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones criminales y tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso escaló rápidamente porque, además del gobernador sinaloense, medios nacionales e internacionales han reportado que entre los señalados aparecen otros perfiles políticos y de seguridad de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió que Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes dentro del marco del Tratado de Extradición, mientras que Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como un ataque político.

La polémica también alcanzó a Palacio Nacional. En medio del escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una mañanera atípica que duró alrededor de 40 minutos y, según reportes de Agencia Reforma retomados por medios nacionales, terminó la conferencia sin abrir espacio para preguntas sobre otros temas.

Esto encendió aún más las críticas, pues el tema de Rocha Moya ya se había convertido en uno de los asuntos políticos más delicados del día. Mientras la oposición exige explicaciones y se habla incluso de renuncia o desaparición de poderes en Sinaloa, el Gobierno federal sostiene que cualquier solicitud debe venir acompañada de pruebas formales.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial en Estados Unidos y no representan una sentencia. Sin embargo, el golpe político ya está dado: un gobernador en funciones, cercano a Morena, quedó bajo la lupa internacional, y la respuesta del Gobierno mexicano será clave en medio de una nueva tensión con Washington.