Mientras el Gobierno federal exige aclarar la actuación de Chihuahua por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo, crece la crítica por la falta de investigaciones visibles contra figuras cercanas a Morena señaladas en casos de corrupción y presuntos vínculos irregulares.

La polémica nacional por el caso Chihuahua abrió una pregunta incómoda: ¿por qué algunos casos sí ameritan presión inmediata, comparecencias e investigaciones públicas, mientras otros expedientes de corrupción llevan años sin alcanzar a los altos mandos?

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que debe investigarse quién autorizó la colaboración con agentes estadounidenses en Chihuahua, luego del accidente donde murieron funcionarios de México y Estados Unidos. La mandataria sostuvo que el caso debe aclararse porque podría implicar una violación a la soberanía nacional y a las reglas de coordinación en seguridad.

El tema ya tuvo consecuencias políticas: César Jáuregui renunció como fiscal de Chihuahua tras la polémica y reconoció fallas de información y omisiones institucionales.

La crítica: rapidez contra Chihuahua, cautela con los de casa

La controversia creció después de que comunicadores señalaran que el Gobierno federal actúa con dureza cuando el caso involucra a Chihuahua, pero pide “pruebas” y evita abrir investigaciones públicas cuando los señalados son personajes cercanos a Morena. Recientemente se difundió el señalamiento de que Estados Unidos tendría en la mira a políticos mexicanos por presunta corrupción, mientras Sheinbaum respondió que no se puede proceder sin evidencia formal.

Uno de los nombres mencionados en ese debate es Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, luego de reportes sobre presuntas medidas de Estados Unidos contra políticos mexicanos. Sheinbaum pidió pruebas y rechazó actuar únicamente por señalamientos mediáticos.

Segalmex, el caso que sigue pesando

El contraste más señalado es Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio anterior. Investigaciones periodísticas y revisiones oficiales documentaron irregularidades por miles de millones de pesos en el organismo encargado del abasto alimentario

Aunque ha habido detenciones y procesos contra algunos exfuncionarios, críticos han cuestionado que el caso no haya alcanzado con claridad a los niveles más altos de responsabilidad. Incluso en 2025, la secretaria Raquel Buenrostro dijo desconocer si existía una investigación contra Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex.

La pregunta ciudadana

Para el ciudadano común, el debate se resume así: si Chihuahua debe explicar quién autorizó la presencia de agentes extranjeros, también debería existir la misma presión para aclarar quién permitió desfalcos millonarios, quién firmó contratos irregulares y por qué algunos responsables políticos no enfrentan consecuencias visibles.

El Gobierno federal sostiene que no puede actuar sin pruebas. Sus críticos responden que en casos como Segalmex las irregularidades ya fueron documentadas por auditorías, investigaciones y procesos judiciales, pero las responsabilidades de alto nivel siguen sin quedar claras.

La investigación sobre Chihuahua puede ser necesaria si hubo fallas legales o institucionales. Pero el reclamo de fondo es la aparente diferencia de trato: mano dura para unos, cautela para otros.

Mientras no haya explicaciones parejas para todos los casos, la percepción pública seguirá siendo la misma: en México, la justicia parece avanzar rápido cuando conviene políticamente, pero camina lento cuando los señalados están cerca del poder.