Chihuahua OPINA

La intención de volver obligatorios los pagos digitales en estos servicios provocó inquietud entre ciudadanos que advierten riesgos de exclusión, fallas tecnológicas y afectaciones para quienes aún dependen del efectivo.

La propuesta fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la 89 Convención Bancaria, donde dijo que el objetivo es hacer obligatorio el pago de gasolinas y casetas a través de mecanismos digitales como parte de la digitalización de la economía. Medios nacionales reportaron que la medida se impulsa para este 2026, aunque todavía no se ha presentado un esquema operativo completo ni una ruta pública detallada para su aplicación.

El anuncio no pasó desapercibido. La propuesta generó malestar y preocupación entre sectores de la población, sobre todo por lo que implicaría para conductores, viajeros y personas que siguen usando efectivo como principal forma de pago. Las principales críticas se concentran en un punto: hacer obligatoria la digitalización antes de garantizar cobertura, acceso bancario y alternativas reales para todos.

La inconformidad tiene sustento en los propios datos del país. En 2024, 63% de las personas de 18 a 70 años tenía al menos una cuenta de ahorro formal, lo que significa que una parte importante de la población todavía no está plenamente integrada al sistema financiero formal. Además, la ENDUTIH reportó que 73.6% de los hogares contaba con internet en 2024, cifra que también refleja que millones de personas siguen enfrentando brechas de conectividad.

Especialistas han advertido que una transición de este tipo tendría que ser gradual e inclusiva, para no dejar rezagados a usuarios rurales, adultos mayores o personas que viven en zonas donde las fallas de señal, terminal o banca digital siguen siendo una realidad cotidiana. Por eso, más allá del discurso de modernización, la propuesta abrió un debate nacional sobre si México está realmente preparado para eliminar el efectivo en servicios tan sensibles como cargar gasolina o pagar una caseta.